Ciudad de México, 20 de septiembre (SinEmbargo).– Después de la decisión del Primer Tribunal Colegiado con sede en Chiapas de ratificar la sentencia de 60 años por asesinato al maestro de origen indígena Alberto Patishtán, quedan pocos caminos para conseguir su libertad. Uno de ellos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dijeron activistas vinculados con el proceso.
Sin embargo, aunque para México las resoluciones de la instancia son vinculantes, “un fallo sobre la inocencia de un preso es para el país apenas ficción, pues no existe un antecedente”, dijo Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional.
“Las vías jurídicas han quedado cerradas. Sólo quedan dos a nivel interno: el indulto y la amnistía. A nivel internacional está la Corte Interamericana, pero el inconveniente es que son pocos los casos que puede atender y por lo general pueden tardar entre cuatro y cinco años. Es un proceso tardado”, explicó Zapico.
Si la instancia internacional atrae el caso de Patishtán y pasan años para que rinda su fallo, si este fuera a favor del profesor, habría que esperar a que México cumpla.
“México ha sido condenado en los últimos años en varios casos, algunos relacionados con tortura. En esos casos México tiene que cumplir una serie de obligaciones que establece la sentencia que el país aceptó, pero que hasta el momento el cumplimiento en la mayoría de ellos es bastante deficiente”, explicó.
De acuerdo con Zapico, un fallo de la Corte Interamericana es una orden que el país debe cumplir en determinado plazo.
“México ha aceptado la competencia de la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN] estableció que las sentencias de la Corte son vinculantes, pero hasta la fecha no se ha emitido ningún fallo relacionado con la libertad de una persona, eso es todavía algo de justicia-ficción, que no ha llegado”, indicó.
En el país quedan solo dos vías y son políticas:el indulto y la amnistía. El primero debe otorgarlo el Presidente de la República, pero Patishtán está resuelto a no solicitarlo.
Pero sobre el segundo, justamente el miércoles la bancada perredista en el Senado de la República presentó una iniciativa de Ley de Amnistía en favor de las personas presas por los hechos de violencia suscitados el 12 de junio de 2000 en los municipios Simojovel y El Bosque, en Chiapas, en especial el profesor Alberto Patishtán.
La Senadora Angélica de la Peña expuso que la iniciativa busca decretar amnistía en favor de todas las personas contra quienes se ejercitó acción penal ante los tribunales del orden federal por los delitos cometidos por aquella emboscada.
La iniciativa propone establecer que el Ejecutivo federal integre una Comisión que coordinaría los actos de aplicación de dicha Ley, así como señalar que la amnistía extinguiría las acciones penales y las sanciones impuestas, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.
Las autoridades judiciales y administrativas pondrían en libertad a los detenidos, cualquiera que sea el momento procesal en que se encuentren, dijo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.
El proyecto establece que las personas a quienes aproveche esta ley no podrán ser interrogadas, investigadas, citadas a comparecer, detenidas, aprehendidas, procesadas o molestadas de manera alguna por los hechos que comprende la amnistía.
Daniel Zapico estuvo en el Senado cuando se presentó la iniciativa, la cual representa una nueva esperanza para Alberto Patishtán, siempre y cuando exista voluntad política, dijo.
“Es necesario que se haga justicia en este caso ya sea a través de un método u otro. México tuvo iniciativas de amnistía en el pasado: en 1994 en los hechos ocurridos en Chiapas y en 1978 hubo una relacionada a un asunto político. Existen precedentes, más bien habrá que ver la voluntad que existe y qué posibilidades hay de que se apruebe”, dijo.
Zapico adelantó que la oficina de Amnistía Internacional en México se reunirá próximamente con los abogados de Patishtán para conocer los pasos a seguir que planea la defensa.
De acuerdo con Augusto César Sandino Rivero, abogado de Patishtán, la defensa del profesor evalúa llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Alberto Patishtán no solicitará el indulto, pues sería reconocerse culpable de los asesinatos de la emboscada ocurrida en el 2000, explicó.
Pero si el Ejecutivo ofrece el indulto, el profesor lo aceptará en un acto de justicia, debido a que ya son 13 años de cárcel.
El abogado dijo que la libertad del maestro no se dio, porque no hubo voluntad política. El recurso al que se apeló, el Reconocimiento de Inocencia, es un excepcional y procede bajo ciertos supuestos.
“Los magistrados dijeron que las pruebas que ofrecimos como documentos públicos, que no tienen relación con los hechos y por eso no pueden pasar a desvirtuar las pruebas, sin embargo, el Tribunal fue más allá de lo que la Ley le permite, porque están diciendo que hay que revalorar las pruebas, lo cual no es propio del recurso que se interpuso. Ni siquiera las pruebas son como tal pruebas, porque derivaron en violación a derechos humanos”, detalló.
La defensa de Patishtán mostró documentos públicos nuevos que no existían cuando sentenciaron al maestro, como tesis de jurisprudencia que hablan de la nulidad de pruebas cuando hay violación de derechos humanos.
“En total son seis pruebas con las que sentenciaron al profesor: la declaración de dos testigos sobrevivientes, la testimonial de una persona que trabajaba cerca del lugar de los hechos, que no fue presencial, el careo entre un sobreviviente y el profesor, la declaración de Patishtán y una prueba química de rodizonato de sodio”.
La última prueba ni siquiera se le practicó, pues Alberto Patishtán fue detenido siete días después de los hechos, pero se utilizó como una prueba circunstancial.
“Es una cuestión técnica que se llama prueba circunstancial, cuando no tiene pruebas directas se hace un rompecabezas, pero cada indicio tiene que tener un papel incriminador, ser válido, ser suficiente. Eso se tuvo que haber hecho valer por la defensa del profesor en su momento durante el juicio, no la hicieron valer. Lo que nosotros apelamos ahora es que los nuevos documentos púbicos, invalidan algunas pruebas que sirvieron para sentenciarlo”, dijo.
UNA MANCHA PARA MÉXICO
Javier Matas, del Colectivo IK, dijo que la resolución de los magistrados del Primer Tribunal Colegiado, es una mancha más para México ante la comunidad internacional.
“Hay muchos países en el mundo que han estado mirando este proceso, unos se han expresado a favor, otros lo han observado. Con esta decisión México queda con una gran mancha y en una gran contradicción; hacia afuera se está lanzando con una imagen de transformación en lo estético, educativo, hacendario, económico, en combate a la pobreza, pero con este hecho, queda en entredicho si todo eso es cierto o es una simulación”, dijo el activista.
Matas vive en Chiapas y ha dado seguimiento a través de los años al caso de Patishtán, el cual se llevó con poca profesionalidad desde un principio, indicó.
“El Sistema de Justicia funciona y actúa arbitrariamente. No tiene una línea que defienda a la justicia, sino que defiende sus intereses”, subrayó.
